Vivimos
una emergencia nacional. La extensión de los casos y sospechas de
corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos
políticos de gobierno y oposición, han convertido la profunda crisis
política y económica en una crisis de confianza en el sistema
democrático.
Nuestra
democracia ha degenerado, alejando a las instituciones, y especialmente
a los viejos partidos políticos, de los ciudadanos y de sus problemas.
Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y
restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Porque la
regeneración democrática no es sino que las instituciones políticas
funcionen y cumplan su obligación constitucional.
Para conseguirlo encontramos imprescindible:
1 - Aprobar de modo inmediato Leyes eficaces contra la corrupción para acabar con la impunidad de los responsables, y en concreto para:
c) el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.
d) el delito de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos.
e) reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de sociedades o entes públicos.
f) limitar la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción.
2 - Reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público
de la actividad económica privada y pública, como el Tribunal de
Cuentas, la Agencia Tributaria o el Banco de España, acabando con su
dependencia de los partidos políticos y del Gobierno.
3 - Aprobar una Ley de Transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos,
y a cualquier institución que reciba ayudas públicas, obligando a dar
información detallada y actual de su contabilidad y actividades, sin
ampararse en el silencio administrativo o la justificación de la
petición de información, y que regule la actividad de grupos de
influencia o lobbys.
4 - Implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del CGPJ
entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros
partidos, y dotando a la administración de justicia de medios humanos y
materiales suficientes.
5 - Aprobar una Ley Electoral justa y proporcional
que favorezca la representación del pluralismo político existente,
permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos.
6 - Reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial
del Estado con el reparto de competencias y su financiación, mejore la
separación de poderes, y asegure el derecho a la participación política,
la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales.
Consideramos que todas estas medidas son imprescindibles para regenerar la democracia y restaurar la confianza ciudadana.
Porque sin ellas no será posible superar con equidad la crisis
económica, impulsar políticas activas de empleo y de creación de
empresas, invertir lo necesario en educación e investigación, mantener y
mejorar la sanidad pública y las pensiones, resolver el problema de los
desahucios o la carencia de una política energética racional.
Son
necesarias para racionalizar las administraciones públicas y suprimir
el despilfarro en duplicidades y entes superfluos que se reparten los
viejos partidos, o conseguir la regulación legal y transparente de las
retribuciones a cargos públicos. También para restaurar la igualdad de
los ciudadanos, acabando con los privilegios y con la discriminación por
razones territoriales y lingüísticas, o para eliminar las trabas a la
movilidad laboral, la apertura de empresas y el mercado único que
lastran nuestra economía. Sin devolver España a los españoles tampoco tendremos una implicación más activa en la necesaria integración política, fiscal y económica de la Unión Europea.
Insistir
en fórmulas inmovilistas o ya fracasadas para preservar la vieja
política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que
alejar a los ciudadanos de la política y aumentar la frustración, la
indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema
democrático.
Pedimos un Pacto de Legislatura en el que los principales partidos parlamentarios se comprometan públicamente a aprobar por vía de urgencia estas reformas legales y a modificar la Ley Electoral para, a continuación, proceder a la convocatoria de Elecciones Generales para abrir un periodo constituyente que ponga nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo ciudadano.
